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NUEVO JUICIO CONTRA LA COORDINADORA
ARAUCO-MALLECO
SUPREMA INJUSTICIA
Por: AZKINTUWE
En un sorpresivo y unánime fallo, la Segunda Sala de la
Corte Suprema de Justicia decidió anular ayer miércoles
el falló del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, que el
pasado mes de noviembre había absuelto a 8 miembros de
la Coordinadora Arauco-Malleco del delito de 'asociación
ilícita terrorista'. Según el máximo tribunal, la no
valoración de todas las pruebas inculpatorias
presentadas por la Fiscalía del Ministerio Público,
entre ellas los polémicos testigos sin rostro,
ameritaría la realización de un nuevo juicio oral en
contra de los dirigentes mapuches, varios de los cuales
permanecen encarcelados. Juan Agustín Figueroa, ex
ministro de Estado y uno de los querellantes en la
causa, estuvo presente en los alegatos, lo que fue
criticado por la defensa de los mapuches.
En horas de la mañana de ayer miércoles, en un fallo
unánime la Segunda Sala de la Corte Suprema de Justicia
resolvió anular el fallo del Tribunal Oral de Temuco que
absolvió en noviembre de 2004 a 8 mapuches, acusados de
'asociación ilícita terrorista' en un juicio seguido
contra la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM). La decisión
fue leída en audiencia pública por el ministro Alberto
Chaigneau y los abogados René Abeliuk y Fernando Castro.
También resolvieron los ministros Domingo Kokisch y
Jaime Rodríguez Espoz. Juan Agustín Figueroa, ex
ministro de estado y uno de los querellantes, estuvo
presente en los alegatos.
Juicio histórico
El juicio, calificado como histórico por su
trascendencia en la zona de conflicto mapuche, culminó
el pasado 4 de noviembre con un fallo de primera
instancia que absolvió a los ocho imputados y fue
conocido por la Segunda Sala del Tribunal Oral en Lo
Penal de Temuco, que estimó que en el proceso no pudo
acreditarse el delito de asociación ilícita terrorista.
Después de una investigación de dos años, el Ministerio
Público acusó a los absueltos en primera instancia de
participar de una agrupación de 'carácter terrorista',
responsable de una serie de hechos ocurridos entre enero
de 2001 y noviembre de 2002, en las comunas de Vilcún,
Ercilla, Collipulli, Traiguén, Galvarino y Temuco, entre
los que figuran incendios a seis casas patronales y
bosques de diez fundos, además de desórdenes y daños a
la propiedad pública y privada. En un principio, los
imputados por este caso sumaban 18, pero debido a que
dos de ellos nunca fueron ubicados por las policías,
esta cifra se redujo a 16.
Tras el fallo de noviembre pasado que absolvió a los
dirigentes, el Ministerio Público recurrió de nulidad
ante la Corte Suprema de Santiago, por cuanto, consideró
que tal sentencia absolutoria no guardaba relación con
la abundante prueba rendida, la cual no fue debidamente
valorada por los jueces Oscar Viñuelas, Leopoldo Vera y
Luis Torres. Del mismo modo se incorporaron en dicho
fallo elementos extrajuridicos en la valoración de la
prueba lo que no corresponde a lo establecido en la ley,
declaró el máximo tribunal.
Ayer, la Corte Suprema decidió anular el fallo inicial y
ordenar repetir el juicio. De esta forma, deberá ahora
fijarse una nueva fecha para la realización del juicio
oral, el que deberá ser conocido por jueces no
inhabilitados. Cabe recordar que el juicio se inició el
8 de octubre del año 2004 y tuvo una duración cuatro
semanas y media. El Ministerio Público acusó a 18
personas por 'asociación ilícita terrorista'
compareciendo al juicio solo ocho de los acusados:
PATRICIA TRONCOSO ROBLES, quien ya cumple una condena de
diez años y un día de presidio mayor en su grado medio
por el delito de incendio terrorista del fundo Poluco
Pidenco de Ercilla, acusada en esta causa como líder
operativa de la asociación;
PASCUAL PICHUN y ANICETO NORIN, quienes fueron
condenados el año 2003 por amenazas terroristas en
contra de los propietarios de los fundos Nancahue y San
Gregorio, comuna de Traiguén a una pena de cinco años y
un día de presidio mayor en su grado mínimo;
JOSE FRANCISCO LLANCA AILLA, condenado por ataque con
arma de fuego a los propietarios del fundo Ginebra de
Ercilla en el año 2001, en que dos personas padre e hijo
resultaron gravemente heridos además de robo con fuerza
en el mismo predio;
JORGE HUAIQUIN ANTINAO, MAURICIO CONTRERAS QUEZADA,
OSCAR HIGUERAS QUEZADA, MARCELO QUINTRILEO CONTRERAS,
quienes fueron acusados como miembros operativos de la
asociación ilícita. También se encuentran acusados y
profugos José Huenchunao Mariñan, quien se encuentra
condenado a diez años y un día por el delito de incendio
terrorista, y José Llanquileo Antileo, Hector Llaitul
Carillanca, entre otros.
Defensa lamenta decisión
Como era de esperar, el Ministerio Público, representado
por el fiscal de la zona sur de Santiago, Alejandro
Peña, manifestó al finalizar la lectura del fallo su
plena conformidad con el dictamen, afirmando que los
antecedentes que existen en esta investigación judicial
acreditarían que los acusados incurrieron en el delito
de 'asociación ilícita de carácter terrorista' (Ley
18.314 del régimen militar).
Según explicó el fiscal Alejandro Peña, de las 18
personas acusadas, sólo ocho fueron presentadas en el
juicio, el resto se declaró en clandestinidad y pesa
sobre ellas órdenes de detención permanente. 'El resto
fueron declaradas rebeldes y tendrá que hacerse un nuevo
juicio para determinar la responsabilidad criminal de
estos sujetos en el nuevo juicio por los tribunales
habilitados', señaló Peña.
En tanto, el representante de la Defensoría Penal
Pública, Andrés Reiutort, expresó en Santiago su
preocupación respecto de que la Corte Suprema haya
vertido opiniones sobre las pruebas que obran en el
proceso, lo cual -a su parecer- puede significar una
condena anticipada hacia los dirigentes mapuches
involucrados en el caso.
El Defensor Regional (S) de La Araucanía, José Martínez
Ríos, calificó como una situación de 'congoja y asombro'
el fallo de los supremos, además de 'claramente adverso'
para las pretensiones de la defensa de los imputados.
Sin embargo y pese a lamentar la decisión del Máximo
Tribunal, señaló que el escenario generado se convierte
en un nuevo desafío para la Defensoría. 'Estamos
preparados para enfrentar el nuevo escenario que se abre
y se genera con este fallo que es obviamente adverso
para la pretensión de nuestros imputados', sentenció.
Al ser consultado sobre la percepción que existe en la
Defensoría respecto a esta decisión, dijo que, 'como
defensores, ciertamente es de congoja, en cuanto a las
impresiones que son vertidas en este fallo, toda vez que
principios básicos del nuevo sistema de enjuiciamiento
se ponen en entredicho a través de los considerándoos
que se expresan en él'.
Martínez afirmó que a pesar del revés que significa el
fallo, 'tengo plena confianza en los jueces que van a
conocer de este nuevo juicio, que cuando conozcan la
acusación y el contenido de la prueba, con la misma
evidencia y con el mismo marco que impone el marco de
apertura del juicio oral, debería llegar necesariamente
a la misma conclusión de absolución para los imputados'.
Finalmente, Martínez criticó la presencia del abogado y
ex ministro, Juan Agustín Figueroa, en los alegatos,
presencia que podría interpretarse como una presión
indebida sobre los magistrados encargados de ver el
recurso de nulidad, en atención a su calidad de ex
ministro de Estado, influyente abogado y miembro del
Tribunal Constitucional de la República.
Derecha celebra
Conocida la noticia del falló de la Corte Suprema, los
primeros en sacar cuentas alegres fueron los personeros
de la derecha empresarial, acérrimos defensores en la IX
región de los intereses de los principales latifundistas
y empresarios forestales hoy en conflicto con
comunidades mapuche que reivindican la tenencia
ancestral de las tierras.
Como 'una muy buena noticia para la región', calificó el
Senador Alberto Espina (RN), el que la Corte Suprema
halla resuelto anular el fallo absolutorio. Para el
parlamentario esta resolución del Tribunal es de suma
importancia, 'porque anuló un fallo que en definitiva
absolvió a personas que estaban imputadas por delitos
gravísimos, como asociación ilícita terrorista, que en
la araucanía han causado violencia y pobreza, y porque
detrás de cada acto terrorista, se alejan las
posibilidades de inversión privadas a la región, señaló.
Ante el nuevo escenario judicial, Espina dijo que espera
que en el nuevo juicio penal 'se rehaga justicia, se
proteja a las víctimas de los actos terroristas y se
sancione a quienes son responsables, porque a través de
este tipo de decisiones judiciales, que por una parte se
absuelve a los imputados, se anula el fallo, y por otro
lado se rehace un nuevo juicio, significa en la
práctica, que muchas de éstas personas, pasan a ser
prófugas de la justicia, como de hecho ya ha ocurrido en
muchos casos, dificultando que se administre justicia
adecuadamente', argumentó Espina.
Finalmente el parlamentario señaló que esta es una muy
buena señal que envía la Corte Suprema, en que 'los
actos de violencia, provenga de quien provenga, y los
actos de terrorismo sea quien los cometa, deberán ser
drásticamente sancionados, por ser este un requisito
básico para que exista seguridad jurídica y paz social
en nuestra región, que es fundamental, para que nosotros
tengamos progreso', indicó. |
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"No hay camino para la paz, la paz es el camino".(M.Gandhi)