La reproducimos a continuación:
¿Por qué se constituyó la Comunidad de Paz de San José de Apartadó?
Fue como consecuencia de todo el conflicto que hubo en la
región desde el 95, todo el desarrollo del proyecto
paramilitar, el exterminio de la Unión Patriótica del Partido
Comunista y en general de todas las organizaciones populares
que había en la región. Cuando se dio todo este exterminio a
sangre y fuego por parte de las fuerzas militares y los
paramilitares, las comunidades campesinas de San José de
Apartadó, los que habitábamos las veredas, quedamos
completamente solos y sufriendo todas las agresiones del
ejército y los paramilitares. La gran mayoría de las 32
comunidades que existían se tuvieron que desplazar y nosotros,
los que estábamos todavía en 11 comunidades, decidimos buscar
apoyo en la Iglesia para ver qué podíamos hacer: si nos
dejábamos matar ahí, si nos teníamos que ir... porque la gran
mayoría no teníamos a donde irnos. Y ahí se inicia la
posibilidad de que con el apoyo de la Iglesia y de algunas ONG
nacionales se hiciera una propuesta. Inicialmente se trataba
de buscar territorios humanitarios para concentrarnos ahí y
pedirle respeto a todos los actores armados, incluyendo el
Estado, los paramilitares y la insurgencia.
¿En que situación se encuentran estas comunidades ahora?
Pues cuando nos organizamos hicimos la Declaración. Eso fue el
23 de marzo del 97, cuando firmamos el compromiso de no
participar en la guerra, de no colaborar con ningún actor
armado. Como consecuencia de esto hubo una represión más
fuerte, hubo el desplazamiento masivo de estas 11 comunidades
donde enfrentaron masacres, donde dieron plazos para que se
desplazara la gente con amenazas de que los mataban. De ahí en
adelante nos concentramos todos en este caserío de San José de
Apartadó. Unos seguimos en el proceso, como 630 personas.
Otros no, otros se fueron porque ya no creían que nos fuesen a
respetar. Y de ahí para acá ha sido una situación de
resistencia porque hemos sufrido masacres, asesinatos
selectivos, estamos hablando de que nos han asesinado a más de
130 personas de la población civil, varios líderes de la
comunidad, de que hemos buscado todas las instancias del
Estado a nivel nacional. Hemos, incluso, propuesto comisiones
de investigación y los resultados han sido nulos. Todos estos
asesinatos están en la impunidad.
La situación actual es que prácticamente lo que vemos es una
nueva estrategia para seguir atacándonos, el bloqueo
económico, las amenazas abiertas de los paramilitares y los
militares. Porque en este gobierno, Uribe se ha caracterizado
por eso, porque ya los paramilitares se sienten totalmente
parte del Estado y ellos mismos hacen los controles como si
fueran el Estado, y aunque esto es denunciado a nivel nacional
e internacional no pasa nada. Nosotros hemos sido muy claros
en nuestros principios, hemos mantenido una posición de
neutralidad frente a la misma insurgencia, y sin embargo lo
que dicen es que nosotros seguimos siendo organizados por la
misma insurgencia, que recibimos órdenes directas de la
insurgencia para desprestigiar al Estado y para denunciar al
Estado y para decir que el Estado es el único que viola los
derechos humanos. Creo que eso es una mentira a todas luces
porque nosotros lo hemos dicho públicamente y lo seguimos
diciendo, que dentro de estos asesinatos la subversión también
tiene una gran participación, más de 20 casos, que nosotros no
tenemos por qué ocultarle nada a ninguno de los actores
armados. Lo único que nosotros hemos pedido es respeto a los
que son parte de la población civil.
Ya no nos sentimos acorralados con las masacres, con los
tiros. Los asesinatos sí, pero muy selectivos, pero sí con un
desprestigio porque sabemos que el mismo gobierno tiene
funcionarios haciendo un desprestigio desinformativo a nivel
internacional, a nivel incluso de las mismas embajadas,
diciendo que ellos tienen toda la voluntad y que son las
comunidades las que se oponen a que el gobierno haga presencia
cuando es una total mentira, y que ellos no son los violadores
de los derechos humanos, que los violadores de los derechos
humanos son los de la insurgencia, cuando hemos dicho que hay
un ejemplo muy claro: ¿cuántos muertos tenemos? ¿En cuánto han
participado las fuerzas militares? ¿Toda la estructura
paramilitar que hay en Urabá por quien está apoyada? Creo que
es una situación difícil en estos momentos porque
económicamente y políticamente el gobierno está haciendo un
trabajo muy fuerte contra las comunidades, sobre todo contra
San José de Apartadó.
¿En esta situación, qué van a hacer las comunidades? ¿Cómo se plantean el futuro?
Nosotros siempre hemos dicho, y en eso somos claros, que hasta
el día de hoy estamos resistiendo y nuestro proyecto es el de
seguir resistiendo y defendiendo nuestros derechos. No sabemos
hasta cuando porque lo que hemos vivido durante toda la
historia es que hoy estamos hablando, mañana podemos estar
muertos. Que hoy estamos en San José de Apartadó, mañana puede
estar la mayoría de la gente desplazada porque puede haber una
masacre de 20 ó 30 personas o... que eso no es algo imposible.
Aquí en esta región todo es posible. Pero mientras estemos,
nuestros proyectos de vida siguen y se dirigen a cómo defender
a la población civil. Por eso estamos proponiendo a las
comunidades cómo construir espacios comunitarios donde la
gente no tenga que desplazarse a San José de Apartadó, desde
allí la gente se resguarde y defienda su territorio.
Estamos también hermanándonos con otras comunidades a nivel
nacional, otras comunidades que también están resistiendo y
definiendo cómo entre todos diseñar nuestro propio proyecto de
vida. Está lo de la Universidad de resistencia. No quiere
decir que nosotros estemos en una resistencia armada. Nuestra
resistencia es contra el Estado, seamos claros, pero una
resistencia no armada, es una resistencia civil. Desde
defender nuestra misma Constitución. Desde decirle al Estado:
es que usted está violando la Constitución, lo que nosotros
estamos es legitimando al Estado no atacando al Estado.
Nuestro proyecto sigue, no sabemos hasta cuándo.
Económicamente para estas comunidades es muy difícil resistir
pero seguimos teniendo propuestas económicas para hacer
proyectos que nos garanticen la alimentación y una mínima
dignidad como personas para poder seguir resistiendo porque
hay un dicho muy claro, que mientras el estómago esté lleno
pensamos y podemos hacer mucho, pero cuando el estómago está
vacío ahí se acaba todo.


Emilia Bolinches es miembro de la Comisión Valenciana de
Verificación de la Situación de los Derechos Humanos en
Colombia. Esta entrevista fue realizada en la última visita de
la Comisión al país, el pasado 15 de enero de 2005.

Fuente: Revista Pueblos