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La administración Bush II
Alberto Gonzáles, el jurista de la tortura
RED VOLTAIRE
El presidente George W. Bush ha nombrado secretario de
Justicia a su fiel consejero Alberto Gonzáles. Después de
haber sido el abogado de Enron, tomó decisiones en la Suprema
Corte de Texas ofensivamente favorables al lobby de la
Energía; luego, en la Casa Blanca, protegió el secreto del
Grupo Cheney sobre Energía. Se distinguió sobre todo al
afirmar que Texas no estaba obligado a aplicar la Convención
de Viena; luego, que los EE.UU no tenían por qué acatar la de
Ginebra. Miembro de una asociación de extrema derecha, la
Federalist Society, el Sr. Gonzáles ha hecho uso de medidas de
excepción y ha generalizado el uso de la tortura. Depurar el
Departamento de Justicia es su actual objetivo.
Alberto Gonzáles es el primer hispano en acceder a la función
de secretario de Justicia de los Estados Unidos. Al hacer
pública su nominación, el 10 de noviembre de 2004 en el Salón
Rolsevelt de la Casa Blanca, el presidente George W. Bush no
dejó de señalar sus modestos orígenes [1].
Nacido en una familia de emigrantes mexicanos, de un padre
obrero de la construcción con apenas el nivel de estudios
secundarios terminado, obtuvo resultados brillantes en sus
estudios que le permitieron, a través de la Air Force Academy,
proseguir estudios superiores. Se graduó de Ciencias Políticas
en la Rice University y luego de Derecho en Harvard.
Su ejemplar trayectoria vendría a ilustrar maravillosamente
«el sueño americano» de promoción individual mediante la
iniciativa y el esfuerzo. Sería motivo de estímulo y orgullo
para todos los latinoamericanos [2]. Sin embargo, el Sr.
Gonzáles sólo debe su fulgurante ascenso a la devoción y
lealtad de que ha dado pruebas con respecto a su patrón George
W. Bush. Luego de haber trabajado unos doce años en el bufete
Vinson & Elkins en Houston, Texas, se convirtió en el
consejero jurídico del gobernador Bush en 1994.
Ejecución capital de un reo por inyección en Texas, EE.UU.
Como tal, Alberto Gonzales estuvo especialmente encargado de
estudiar los recursos de gracia de los condenados a muerte. La
revista conservadora Atlantic Monthly [3] ha estudiado 57
memorandos por él redactados. Todos resaltan los crímenes y
silencian lo insuficiente de los derechos de la defensa, los
conflictos de intereses de jurados y magistrados, las pruebas
dudosas e incluso las pruebas de inocencia.
Sistemáticamente, el gobernador Bush rechazó las propuestas de
conmutación de la pena de muerte escudándose en las decisiones
judiciales; ahora bien, esta no es una decisión judicial, sino
política, y se basó en los memorandos para estigmatizar a los
condenados. El caso más famoso es el de Terry Washington, un
asesino de 33 años, reconocido culpable del atroz asesinato de
la joven propietaria de un restaurante. Pero el Sr. Washington
era un retrasado mental cuyo nivel de comprensión era
comparable al de un niño de siete años. De niño, adolescente y
adulto había sido él mismo martirizado de forma especialmente
cruel. Fue ejecutado como los demás.
En el caso de Irineo Tristan Montoya, Alberto Gonzáles le negó
al reo el derecho a ser juzgado en su lengua. Escribió al
Departamento de Estado de los Estados Unidos señalando que el
estado federado de Texas no era signatario de la Convención de
Viena, por lo que la firma del gobierno federal de los Estados
Unidos de América no lo obligaba a acatarlo. El reo, que había
firmado una confesión redactada en inglés creyendo que se
trataba de un formulario de inmigración, fue también
ejecutado, sin dejar de declarar su inocencia, antes de poder
retractarse cuando su abogado le reveló la maniobra [4].
Durante los seis años del gobierno George W. Bush 152 personas
fueron ejecutadas en Texas. James Hatfield, en la biografía
que le dedicó, relata las bromas que estos castigos inspiraban
al gobernador [5].
El Sr. Gonzáles le aconsejó igualmente al Sr. Bush no actuar
como jurado cuando su nombre fuera escogido. Su argumento fue
que un gobernador no podía ejercer dicha función en un
litigio, pues ello privaría al reo de la posibilidad de
solicitar a un tercero la conmutación de la pena en caso de
ser condenado. En realidad con esto estaba protegiendo al Sr.
Bush que de otro modo hubiera tenido que revelar la condena de
que había sido objeto y que le hubiera hecho perder su derecho
de elegibilidad, pero, gracias a las relaciones de su padre,
todo se resumió a cuestiones de interés general [6].
En 1998 Alberto Gonzáles es nombrado por el Sr. Bush
secretario de Estado de Texas, y, en 1999, es elegido juez en
la Suprema Corte de dicho estado. Durante este período, el
gabinete Vinson & Elkins, al que el Sr. Gonzáles se había
asociado, defendió los intereses de la sociedad Enron,
dedicada al corretaje en el campo de la energía. La compañía
fue la principal contribuidora de la campaña de reelección del
juez, que recibió en total 100 000 dólares de la industria
energética.
Magistrado notoriamente corrupto, aceptó 2 000 dólares del
Texas Farm Bureau durante un litigio en que esta compañía era
la acusada para terminar absolviéndola. Igualmente aceptó 2
500 dólares de la Royal Insurance durante otro caso que
concluyó con la victoria del donante [7].
En 2001 George W. Bush se apoderó de la Casa Blanca mediante
el fraude y llamó junto a él a Alberto Gonzáles como consejero
jurídico de la presidencia. Al día siguiente de los atentados
del 11 de septiembre de 2001, Alberto Gonzáles redactó un
decreto presidencial en el que instituía «comisiones
militares» para juzgar a los terroristas. Las mismas no deben
ser confundidas con los tribunales militares y menos aún con
las jurisdicciones civiles. No disponen de Código de
Procedimiento y los militares que las componen acuerdan entre
sí, en la medida de las necesidades, el procedimiento a seguir.
Los reos no tienen derecho a abogado y la comisión puede
sesionar a puertas cerradas. Única restricción: sólo pueden
juzgar a extranjeros [8].
El 25 de enero de 2002, Alberto Gonzáles remite un memorando
al presidente Bush en el que indica que «la guerra al
terrorismo es una nueva forma de guerra», «este nuevo
paradigma hace obsoletas las estrictas limitaciones de las
Convenciones de Ginebra sobre el interrogatorio a los
prisioneros enemigos y hace caducar algunas de sus
disposiciones» [9], un análisis en la misma línea de los que
había formulado en Texas sobre la aplicabilidad de la
Convención de Viena. Es en virtud de este documento que los
prisioneros de Guantánamo no están protegidos por las
Convenciones de Ginebra [10].
El 1º de agosto de 2002, Alberto Gonzáles dio un nuevo paso al
aprobar en un nuevo memorando el recurso a la tortura [11].
Fue el documento que sirvió de base legal para la
generalización de la tortura en Afganistán e Irak,
especialmente en la base militar de Bagram y en la prisión de
Abu Ghraib [12].
Finalmente Alberto Gonzáles se mostró inflexible para defender
los secretos de la Casa Blanca, obstaculizando toda
comunicación pública de los memorandos referentes a las
diferentes nominaciones de magistrados por parte de la
presidencia. Sobre todo mientras prestó servicios a Enron,
impidió que el Congreso accediera a los documentos internos
del Grupo de Desarrollo de la Política Energética Nacional
(National Energy Policy Development Group, NEPDG), la famosa
«Cheney Task Force».
El Sr. Gonzáles no es un hombre aislado. Llega al Departamento
de Justicia con un numeroso equipo reclutado en el seno de una
asociación de juristas de extrema derecha vinculada al lobby
de la Energía, la Federalist Society [13]. En los próximos
meses debería dedicarse a infiltrar todo el sistema judicial. |
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"No hay camino para la paz, la paz es el camino".(M.Gandhi)