"No hay camino para la paz, la paz es el camino".(M.Gandhi)

 
 
       

 

 

 

 

 

 
Cocaína, petróleo y mercenarios
RED VOLTAIRE

El Plan Colombia, presentado en 1998 por el presidente Andrés
Pastrana como un programa de desarrollo económico sin drogas,
es en realidad una pantalla para la implantación de fuerzas
estadounidenses en el país. Las operaciones militares que
dirige -desde Washington- el general McCaffrey han costado la
vida a miles de campesinos y guerrilleros partidarios del
marxismo o de la teología de la liberación. Después de 5 años
de combates, Colombia sigue siendo el primer productor mundial
de cocaína y sus recursos petrolíferos se encuentran, como
nunca antes, bajo el control de Washington.

Colombia padece todos los síntomas de una guerra civil desde
mediados de los años 1950. En aquella época, trabajadores
agrícolas que habían estudiado los principios del comunismo
trataron de tomar el control de las tierras que cultivaban y
para ello crearon «zonas de autodefensa». El movimiento dio
rápidamente lugar al surgimiento de una guerrilla organizada,
creada en 1966: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC).
En respuesta, el presidente conservador León Valencia proclama
el estado de sitio y desencadena, con la ayuda de Estados
Unidos, una represión feroz. A las FARC se une, en los años
1970, el movimiento M-19, cuyo campo de acción es
esencialmente urbano.
Desde entonces, la guerra que libran el Estado y los grupos
armados ha sido siempre intensa y está siendo utilizada, desde
hace tiempo, como pretexto para justificar la injerencia
estadounidense en los asuntos de ese estratégico país de
América del Sur.
Esta injerencia tiene un doble objetivo: la liquidación de los
defensores del marxismo y el mantenimiento de una presencia
militar en la región, todo bajo la cobertura de la lucha
antidroga, aún cuando Estados Unidos es el mayor importador de
cocaína colombiana.
Una política de injerencia que tiene más de cien años
Esta estrategia de injerencia no es nueva en la región. Ya a
principios del siglo XX, Estados Unidos había favorecido la
secesión de la provincia colombiana de Panamá ante la
reticencia de Bogotá a dejar en manos de Washington la
administración del canal.
El 18 de noviembre de 1903, el tratado Hay-Bunau-Varilla
concedía a Estados Unidos el uso perpetuo del canal y de una
zona de 8 kilómetros de cada lado del mismo así como la
soberanía total sobre el conjunto del área. El tratado de
alianza firmado en 1926 va aún más lejos y, al conferir a
Washington derechos especiales en tiempo de guerra, hace de
Panamá «desde el punto de vista militar, un nuevo Estado de la
Unión» [1].

Se trata aquí de la aplicación, al pie de la letra, de la
doctrina Monroe [2] y su «corolario» enunciado en 1903 por el
presidente Theodore Roosevelt: «La persistencia en una mala
conducta o una incapacidad que desemboque en un relajamiento
general de los lazos propios a una sociedad civilizada pueden
hacer necesaria a fin de cuentas, en América como en otras
partes, la intervención de alguna nación civilizada.
En el hemisferio occidental, la adhesión de los Estados Unidos
a la doctrina Monroe puede obligarlos, en casos flagrantes en
que se encuentren ante este tipo de mala conducta, o ante ese
tipo de incapacidad, a ejercer, aún a pesar de su propia
repugnancia a hacerlo, un poder internacional de policía». Lo
cual legitima muchos tipos de injerencia.
Todo es cuestión de comunicación. Durante su campaña
electoral, en 1998, el entonces futuro presidente de la
República Andrés Pastrana promete un «plan Marshall por la
paz». La alusión al plan de injerencia económica, cultural y
militar que Estados Unidos orquestó en Europa después de la
Segunda Guerra Mundial no es casual ya que permite justificar
la intervención estadounidense al dar la impresión que se
trata de une petición colombiana. El gobierno Clinton propone
enseguida un plan antidroga, que implica el despliegue de
instructores militares y civiles en el país.
El 9 de agosto de 1999, Pastrana anuncia que su gobierno
termina «la preparación de un programa en ese sentido: el
"plan Colombia"» [3], cuyo lanzamiento oficial tiene lugar el
20 de septiembre de 1999. Este proyecto, destinado a lucha
contra el cultivo de droga y los «grupos mafiosos» que le
sacan provecho, está estimado en 7 500 millones de dólares
repartidos en tres años.
Bogotá se compromete a contribuir con 4,000 millones y pide
que el resto sea financiado por la ayuda internacional.
Evidentemente, su principal interlocutor extranjero no es otro
que Washington y el Congreso estadounidense le concede 1 700
millones de dólares. Según el diario francés Le Figaro, que
cita la prensa internacional, esta suma que concede Estados
Unidos «puso fin a diferentes presiones ejercidas por ciertos
lobbys que apuntaban simplemente a la suspensión del plan.
¿Los autores de esas presiones? Algunas ONG que aprovechaban
la ocasión para promover su propia visión falseada de la
situación colombiana y ciertos medios de difusión que se reían
de la excesiva generosidad norteamericana».
El gobierno de Andrés Pastrana anuncia, por su lado, un
importante crecimiento del presupuesto de Defensa, a expensas
de los programas sociales del país, lo cual da lugar a
acciones como el bloqueo de la carretera Panamericana (que
conecta Colombia con Ecuador) del 1ero al 25 de noviembre de
1999 por más de 50,000 campesinos, trabajadores de la
enseñanza e indígenas. Los manifestantes fueron finalmente
desalojados por el ejército.
Barry McCaffrey, un halcón a la cabeza de la lucha antidroga
El plan Colombia no es el resultado de una iniciativa
colombiana, como trata de hacer creer el espectáculo de
Pastrana, sino que fue elaborado por el general Barry
McCaffrey, ex-comandante en jefe de las fuerzas militares
estadounidenses en América del Sur, nombrado jefe de la lucha
antidroga por Bill Clinton en enero de 1996.

Además, la nominación para ese puesto de un militar cargado de
condecoraciones, ex-combatiente de Vietnam y de la guerra del
Golfo en 1991, demuestra que los militares explotan una
cuestión de salud pública, sobre todo teniendo en cuenta que
se trata precisamente de un general particularmente
controvertido: en mayo del 2000, el periodista newyorkino
Seymour Hers reveló que al final de la operación Tormenta del
Desierto una división blindada bajo el mando de McCaffey
masacró a 350 soldados iraquíes desarmados el 2 de mayo de
1999, o sea dos días después del anuncio del cese al fuego.
El general predica en Colombia el regreso a los métodos que
aplicó Oliver North en Nicaragua, o sea el uso de
paramilitares contra la guerrilla [4].
En la práctica, es difícil saber en qué se diferencian las
actividades de Barry McCaffey como jefe de la lucha antidroga
de las que realizaba a la cabeza del Comando Sur. Los
intereses en juego en Colombia son puramente estratégicos,
aunque la administración Clinton trate de poner de relieve el
peligro que representa para la juventud estadounidense el
aumento constante de la importación de cocaína colombiana.
El problema viene de Panamá ya que Estados Unidos debe
devolver el canal al gobierno panameño en 1999 y desmantelar
sus bases militares allí. Sin embargo, Washington desea
mantener su presencia militar en la región, lo que da lugar a
intensas negociaciones entre los dos Estados para disimularla
mediante la creación de un supuesto «Centro multilateral antidroga» [5].
El presidente panameño Ernesto Pérez Balladares se opone
finalmente obligando así a Estados Unidos a buscar otro país
donde la presencia de sus tropas sea menos controvertida [6].
Eso es precisamente lo que busca el plan Colombia [7].
Colombia: una «pieza» estratégica
La elección de Colombia es totalmente coherente: como el
Panamá del general Noriega, el país está implicado en el
tráfico mundial de estupefacientes, lo cual justificaría una
intervención militar en cualquier momento [8]. En resumen,
Washington no esperó por las «armas de destrucción masiva»
para elaborar una lógica de comunicación alrededor de
intereses ficticios que permita justificar intervenciones
militares en su esfera de influencia.
Además, Colombia es para Estados Unidos un proveedor de
petróleo bajo la «amenaza» de una guerrilla marxista,
argumentos todos que hacen de ella el blanco privilegiado de
una intervención.
La retórica de Estados Unidos y los militares colombianos es
simple: las FARC se financian con el tráfico de droga y deben,
por consiguiente, ser tratadas como los narcotraficantes.
Desde esa óptica, luchar contra la droga es luchar contra la
guerrilla. La lucha contra la droga es, por tanto, un medio de
lucha contra la subversión, pero permite también justificar el
despliegue de tropas estadounidenses en la región bajo la
cobertura de una operación de salud pública.
Washington tiene en el país entre 300 y 400 consejeros civiles
y militares. Sin embargo, hasta mediados de los 90 fueron
precisamente los responsables militares y políticos
colombianos, y sus interlocutores estadounidenses quienes se
vieron implicados en varios escándalos de tráfico de cocaína.
Aún hoy, los grupos paramilitares, enemigos de las FARC, se
financian con la cocaína, lo que ha dado lugar al siguiente
comentario por parte de los dirigentes de las FARC:
«No tenemos derecho a sumir [a los campesinos] en el hambre
erradicando los cultivos ilícitos. Por otro lado, las mafias
ayudan al ejército a financiar a los paramilitares. ¿Por qué
tendríamos que ser nosotros los únicos en considerar ese mal
desde un punto de vista ético? Se trata, ante todo, de un
problema económico-social» [9].
En realidad, las FARC reclaman únicamente el cobro de un
impuesto sobre la coca, o sea la pasta de base que constituye
la primera etapa del proceso de transformación de la planta en
cocaína. Los que están sujetos a ese impuesto son los
intermediarios que venden la pasta de coca, no los campesinos.
Según los expertos en geopolítica de las drogas, la guerrilla
no se dedica al cultivo de la coca ni a la elaboración o la
venta de la misma.

Importantes petrodólares

Más que la lucha contra la droga, lo que busca Estados Unidos
es prevenir toda posibilidad de control de los recursos
petrolíferos locales por parte de intereses nacionales, sobre
todo representantes políticos de la guerrilla. Colombia es el
séptimo país exportador de petróleo hacia Estados Unidos y el
tercero de América Latina, después de Venezuela y México.
Lo cual explica la inquietud de Washington cuando se abren
negociaciones políticas sobre la cuestión del petróleo entre
el poder y los movimientos marxistas. En efecto, durante las
negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)
[10] el presidente Pastrana concedió a la guerrilla guevarista
una zona desmilitarizada de 4 727 km² en el departamento de
Bolivar, en el norte del país, como prueba de buena voluntad [11].
Esa zona se encuentra justo ante los puertos petroleros y
refinerías de Barrancabermeja y Puerto Wilches, en el río
Magdalena. Cuando se anunció la noticia, los trabajadores del
sector petrolero inmediatamente amenazaron con ponerse en
huelga. Por su parte, la guerrilla prefirió mantener la
presión sobre ese sector estratégico: al día siguiente del
anuncio, el oleoducto de Caño Limón-Covenas [12] fue
dinamitado. En 1999 había sido blanco de 70 ataques similares
por parte del ELN [13].
Más inquietante aún, el 12 de mayo del 2000 el presidente de
la compañía petrolera local, ECOPETROL, expresó oficialmente
su inquietud: «La producción de crudo bajará en alrededor del
2% en el 2000, con 800 000 barriles diarios, ante 815 000 en
1999.» Sin embargo, se mantenía, «optimista en cuanto al
futuro. Actualmente, 44 compañías privadas están interesadas
en 27 proyectos de exploración y producción y 37 de esas
compañías participan en una etapa de precalificación llamada
Ronda 2000».
Según el diario parisino Le Figaro, «si Colombia no hace
nuevas perforaciones antes de 2005, corre el riesgo de
convertirse en importadora de petróleo. El país dispone de
reservas confirmadas de alrededor de 24000 millones de
barriles y de reservas potenciales estimadas en 37,000 millones.
El problema es mantener allí las compañías que se han
instalado ya y atraer otras hacia las zonas petrolíferas que
son regularmente blanco de guerrillas que se oponen a "la
injerencia excesiva de las multinacionales en la política
petrolera colombiana"» [14].
Así que está abierto el camino para que otras sociedades
petroleras se repartan el pastel colombiano con la Occidental
Petroleum (Oxy), compañía estadounidense hasta ahora
omnipresente [15].
 

Recuperación del control antiterrorista
 

El ascenso de George W. Bush al poder y los atentados del 11
de septiembre vienen a modificar las condiciones. En el marco
de la guerra mundial que la administración estadounidense
emprende contra el terrorismo, las fuerzas paramilitares
colombianas de extrema derecha, reagrupadas en el seno de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) son incluidas en la
lista de organizaciones terroristas. Según la publicación
mensual francesa Le Monde Diplomatique, los grupos de extrema
derecha nacieron, sin embargo, «a fines de los años 1960, en
el marco de una política que recomendaron los consejeros
norteamericanos para "destruir" toda veleidad de
transformación social.» [16].
Ellos fueron hasta ahora los «brazos armados de los
narcotraficantes desde 1985, auxiliares de; ejército para
hacer los trabajos sucios» [17].
Pero los paramilitares cayeron en desgracia: su implicación
demostrada en el tráfico de droga, el asesinato de civiles y
especialmente de opositores (sindicalistas, periodistas)
hicieron de ellos un aliado cada vez más incómodo.
Washington tiene la intención de explotar el trauma del 11 de
septiembre para emprenderla con las guerrillas colombianas,
pero no puede darse el lujo de hacerse de la vista gorda con
una de las tres organizaciones armadas. Por consiguiente, los
ánimos se caldean rápidamente. La embajadora estadounidense en
Colombia, Anne Patterson, habla -el 26 de octubre de 2001- de
la «similitud» entre los «grupos terroristas de Afganistán y
los de Colombia». Diez días antes, el coordinador de la lucha
contra el terrorismo en el Departamento de Estado
estadounidense, Francis Taylor, mencionaba la determinación de
Estados Unidos a utilizar «todos los elementos» a su
disposición, incluso «como en Afganistán, la utilización del
poderío militar, si fuera necesario, para poner fin a las
"actividades terroristas"».
Washington pide entonces la extradición de los principales
dirigentes de las tres formaciones paramilitares que son las
FARC, el ELN y las AUC.
Estados Unidos logró, por otra parte, encontrar un punto de
amarre para sus tropas en América del sur al establecer, desde
1999, lazos militares privilegiados con Ecuador, política que
continúa bajo el gobierno de Lucio Gutiérrez, aunque este
había sido presentado al principio como un Hugo Chávez
ecuatoriano [18].
El principal objetivo de Washington en Colombia se convierte
por tanto en proteger las yacimientos de petróleo e impedir
toda negociación con las guerrillas marxistas. Poseedor de
«300 sitios de infraestructuras estratégicas» en Colombia,
Estados Unidos destina en febrero de 2002 una ayuda de 100
millones de dólares para garantizar la protección de dichos
sitios contra la guerrilla.
El primero en ser tenido en cuenta es, naturalmente, el
oleoducto de Caño Limón. Se trata entonces del primer «apoyo
norteamericano directo a los militares colombianos contra los
rebeldes» de las FARC y del ELN [19]. Un vocero del secretario
de Estado norteamericano de visita en Bogotá va más lejos:
«entre la subversión y el narcotráfico no hay ya diferencia» [20].
La decisión suscita numerosas reacciones de inquietud en los
países vecinos, sobre todo en Venezuela donde el presidente
declara estar «preocupado» ante la presencia militar
estadounidense en Colombia y califica el aumento de la
cantidad de tropas de «muy peligroso» para el país «pero
también para Venezuela». Durante la semana siguiente, el
gobierno del presidente Pastrana emprende la «operación
Thanatos» contra las FARC, con el apoyo secreto de Estados
Unidos [21].
Tres días más tarde, el 25 de febrero de 2002, la guerrilla
marxista secuestra a Ingrid Betancourt, la candidata
ecologista a la elección presidencial en Colombia.
Estados Unidos oficializa su apoyo militar contra la guerrilla
En marzo, Colin Powell y Donald Rumsfeld se pronuncian
sucesivamente por un aumento de la ayuda militar a Colombia.
Ambos piden al Congreso que tenga en cuenta la ruptura de
negociaciones entre las FARC y el gobierno. En abril, el
presidente Pastrana viaja a Washington para pedir
personalmente ayuda militar a George W. Bush.

Desde hace meses, el envío de armamento a Colombia ha ido en
aumento: han llegado 60 helicópteros como préstamo,
instructores estadounidenses han entrenado a cientos de
militares colombianos mientras que la cifra de 400 «consejeros
militares» norteamericanos se sobrepasa al principio de la
«operación Thanatos». Sin contar los subcontratos: DynCorp,
favorecida por Oliver North en tiempos del escándalo
Iran-Contras, se ocupa de los vuelos de riego de substancias
químicas nocivas para eliminar los cultivos de coca; Northrup
Grumman pone los radares; AirScan ofrece sus servicios de
vigilancia aérea, etc. [22].
Y al final resulta que las plantaciones de coca pasaron de 125 000
a 160 000 hectáreas en dos años [23]. Colombia se ha
convertido incluso en el primer productor mundial de cocaína,
con 580 toneladas anuales.
La cooperación se refuerza aún más con la llegada a la
presidencia, en mayo de 2002, del candidato de la derecha
dura, Álvaro Uribe, partidario de la «mano dura» con la
guerrilla. A partir de su nominación, Estados Unidos anuncia
la próxima llegada a Bogotá de Otto Reich, el secretario de
Estado adjunto encargado de América Latina, «para conversar
con el nuevo presidente sobre sus proyectos».
Dos meses más tarde, el Congreso concede al fin la ayuda
militar que tanto esperada el régimen colombiano para acabar
con la guerrilla. La embajadora Anne Patterson anuncia
entonces que el entrenamiento del ejército colombiano estará,
en lo adelante, en manos de las fuerzas especiales estadounidenses.
La investidura de Álvaro Uribe es un hecho decisivo en varios
aspectos. Por un lado, el día mismo de la investidura marca el
comienzo de la ayuda militar oficial proveniente de Estados
Unidos. Por otra parte, una lluvia de cohetes cae sobre Bogotá
en el momento mismo de la ceremonia dejando 21 muertos en los
alrededores del palacio presidencial.
Y, finalmente, Uribe desencadena una escalada en la
confrontación militar ya que, lejos de sus propias
proposiciones de campaña en cuanto a una negociación bajo
auspicios de la ONU, el nuevo presidente decretó
inmediatamente el estado de excepción y lanzó ofensivas
militares de gran envergadura contra las FARC.
De paso, puso al coronel retirado Alfonso Armas a la cabeza de
la lucha contra los estupefacientes, convirtiéndolo así en el
hombre clave del plan Colombia. En noviembre de 1985, Alfonso
Armas había estado al frente del ataque contra el palacio de
justicia de Bogotá, ocupado por un comando del M-19. La
ofensiva, con apoyo blindado, dejó «más de cien muertos entre
rebeldes, jueces y civiles y el palacio fue destruido por un incendio» [24].
Bogotá y Washington ligaron a partir de entonces sus destinos
en la lucha contra las «fuerzas subversivas», dejando sentado
que prefieren la solución militar en relación con las
negociaciones políticas. Esta estrategia suicida para el país
ha provocado ya varias catástrofes, como la matanza de varias
decenas de rehenes de las FARC durante una ofensiva del
ejército colombiano.
La estrategia mencionada no sólo no ha resuelto el conflicto
sino que, por el contrario, agravó una situación ya muy
complicada y provocó una multiplicación de la violencia. Hay
que citar, en ese aspecto, el atentado realizado el 7 de
febrero de 2003 con un coche-bomba, muy parecido «al
perpetrado en Oklahoma City en 1995» [25]. Este atentado, cuya
autoría no fue reclamada por las FARC, dejó 33 muertos en un
club de la capital.

Washington, garante de la «inestabilidad regional»

En esta estrategia de ir hasta las últimas consecuencias,
Estados Unidos tiene más que ganar que Colombia. Convertido en
«iniciativa regional para la región andina», el «plan
Colombia», «con el pretexto de luchar contra el narcotráfico,
apunta a las guerrillas, a un proceso de intervención militar
y de absorción de conjuntos subregionales en el marco del gran
proyecto del ALCA (Área de Libre Comercio para las Américas) a
la cabeza del cual se encuentra Washington» [26].
Los recientes atentados de las FARC contra el oleoducto de
Caño Limón, aún siendo defendido este actualmente por los
Boinas Verdes estadounidenses, prueban que es imposible
controlar el país únicamente mediante el uso de la fuerza. El
secuestro de tres mercenarios estadounidenses por la guerrilla
en febrero de 2003 es otro ejemplo de ello [27].
El país se encamina lentamente hacia la escalada: un comando
estadounidense de 150 miembros de las Fuerzas Especiales fue
enviado a Colombia, mientras que continúan los aumentos
presupuestarios que concede el Congreso. Todo esto representa
una amenaza de «vietnamización» del conflicto. Más allá, lo
que está en juego es la estabilidad de toda la región.
Durante la cumbre del Pacto Andino, en marzo de 2003, Colombia
fustigó la pasividad de Venezuela en lo tocante a la lucha
contra la guerrilla acusando al gobierno de Hugo Chávez de
permitir que las FARC utilicen las zonas fronterizas. En
cuanto a Panamá, aliado incondicional de Estados Unidos, fue
el único país en calificar a las FARC de «organización terrorista».
La idea de un regreso de la región al control de Estados
Unidos se va imponiendo. El 22 de abril de 2003, el
vicepresidente de la comisión venezolana de Relaciones
Exteriores en la Asamblea Nacional, Tarek William, declaró que
«Venezuela [no descartaba] una agresión armada de Colombia con
ayuda de Estados Unidos» [28].
En septiembre de 2002, ante la amenaza de Washington de poner
fin a la ayuda militar, Colombia dio un nuevo paso hacia el
vasallaje total al comprometerse a no extraditar a ningún
ciudadano estadounidense para que sea juzgado ante la Corte
Penal Internacional. En octubre, el gobierno de Álvaro Uribe
logró la adopción de un texto legislativo que estipula una
amnistía para los grupos armados que acepten desmovilizarse,
texto que en realidad beneficia exclusivamente a los
paramilitares de extrema derecha, que son los únicos
enfrascados en negociaciones con el gobierno [29].
Las maniobras militares alcanzan una envergadura considerable:
más de 600 consejeros estadounidenses se encuentran ya en
Colombia, más de 1 000 miembros de las FARC han sido muertos
entre agosto de 2002 y julio de 2003, por un número
equivalente de rendiciones. En 2002, 14 000 hectáreas de
plantaciones de coca fueron destruidas, un record que subrayó
el gobierno colombiano. El reciente inicio en Perú del proceso
contra Vladimiro Montesinos, que implica a la CIA en un tráfico
de armas con las FARC, constituye una prueba adicional de la
similitud entre las prácticas estadounidenses en Colombia y las
utilizadas antes en Nicaragua [30].
Todo lo cual pone cada vez más a Colombia al margen de la
comunidad internacional, como lo demuestra el boicot que
sufrió Uribe de parte de varios parlamentarios europeos
durante su gira por Europa, en febrero de 2004.
Notas:
[1] «Du "destin manifeste" des Etats-Unis», por Maurice
Lemoine, Le Monde Diplomatique, mayo de 2003.
[2] La doctrina Monroe recibe su nombre del presidente
estadounidense James Monroe quien, el 2 de diciembre de 1823,
expuso en un mensaje al Congreso los principios en que está
basada dicha doctrina. Monroe proponía rechazar toda
intervención europea en los asuntos del continente americano,
justificando de paso la orientación de la política exterior de
Estados Unidos hacia la constitución de un bloque continental
bajo el dominio estadounidense.
[3] «La volonté de paix sera récompensée», por Marie Delcas,
diario francés Le Monde, 9 de agosto de 1999.
[4] «Barry McCaffrey, le faucon», por Gérard Devienne, diario
francés L'Humanité, 6 de enero de 2001.
[5] «"Multilateral Counter-Drug Center" or Disguised U.S.
Military Base?», por John Lindsay-Poland, Fellowship of
Reconciliation, Invierno de 1997.
[6] «Counter-Drug Center Negotiations Collapse», por John
Lindsay-Poland, Fellowship of Reconciliation,
septiembre-octubre de 1998.
[7] La relación entre el rechazo del «Centro Multilateral
Antidroga» en Panamá y el Plan Colombia se menciona en el
excelente trabajo de maestría que Damien Laplanche, estudiante
de historia en la universidad de Nantes, realizó bajo la
dirección de Jacques Marcadon. «La rétrocession du Canal de
Panama» texto en francés, de Damien Laplanche, Université de
Nantes, 1998.
[8] En 1989, el ejército estadounidense intervino en Panamá
para derrocar el régimen del general Manuel Noriega,
presentado entonces como un traficante de droga. Agente de la
CIA durante los años 1970, el líder panameño había,
efectivamente «facilitado los intercambios de armas y droga
efectuados par los Contras de Nicaragua, garantizando su
protección militar, pilotos, (...) y capacidades bancarias muy
discretas para todo el mundo», todo ello con la bendición de
Estados Unidos, entonces en guerra contra la guerrilla
sandinista. Según el libro Rogue State (El estado
delincuente), de William Blum, Parangon, 2002.
[9] «En Colombie, une nation, deux États» (Colombia una nación
dos estados), por Maurice Lemoine, Le Monde Diplomatique, mayo
del 2000.
[10] El ELN es une guerrilla marxista y guevarista fundada en
1964, o sea un año después de las FARC. Tuvo en sus filas a
numerosos teólogos católicos de la liberación, entre ellos al
legendario padre Camilo Torres, jesuita que hizo sus estudios
en la Universidad católica de Lovaina, en Bélgica, y fue
muerto en combate en 1965. Después de una pausa, el movimiento
reaparece en los años 1980 alrededor del padre Manuel Pérez,
alias «el Cura». El ELN opera más bien en el norte del país,
mientras que las FARC lo hacen en el sur. El movimiento cuenta
alrededor de 5000 hombres.
[11] El presidente Pastrana estuvo negociando también con las
FARC desde su llegada poder, en 1998, a pesar de la oposición
de su propio ministerio de Defensa, de los generales y de
Estados Unidos. Reconociendo la legitimidad de la lucha de
ambas organizaciones guerrilleras, Pastrana establece
mecanismos de diálogo y desmilitariza una zona que comprende
cinco municipios, con una superficie total similar a la de Suiza.
[12] El oleoducto de Caño Limón-Covenas es el segundo más
importante del país. Con 780 kilómetros de largo, permite
transportar diariamente 105,000 barriles de crudo.
[13] El movimiento, que se opone también a las privatizaciones
de las empresas del sector eléctrico, Isagenet ISA, voló 250
torres eléctricas entre 1999 et 2000.
[14] «Les guérillas tiennent l’économie en otage», por Irène
Jarry, diario francés Le Figaro, 12 de mayo de 2000.
[15] Esta sociedad está en conflicto con los indios U’wa
porque realizó trabajos de búsqueda de petróleo en las tierras
ancestrales de esa tribu.
[16] «En Colombie, une nation, deux Etats», por Maurice
Lemoine, Le Monde diplomatique, mayo del 2000.
[17] Ver: «The Ties That Bind: Colombia and
Military-Paramilitary Links», Human Rights Watch, febrero del
2000.
[18] «El Southcom avanza ocupación militar de
Ecuador->article448]», por Marcelo Larrea, Voltaire, noviembre
de 2003.
[19] «Washington envisage de protéger "300 infrastructures
stratégiques" en Colombie»,(Washington prevee proteger 300
infraestructuras estrategicas en Colombia) Agencia AFP, 10 de
febrero de 2002.
[20] «Pour l’or noir, Washington offrirait une rallonge à
Bogota» (A cambio del oro negro Washington ofrecería un
suplemento a Bogotá), por Vincent Taillefumier, diario suizo
Le Temps, 13 de febrero de 2002.
[21] Diferentes testimonios han permitido comprobar la
presencia de militares estadounidenses durante la "liberación"
de San Vincente. Ver «Deux officiers américains à San
Vicente», diario Le Monde Francia, 26 de febrero de 2002; «La
guerre secrète des États-Unis», por Romain Gubert, revista
francesa Le Point, 3 de mayo de 2002.
[22] «La guerre secrète des États-Unis» (La guerra secreta de
los Estados Unidos), por Romain Gubert, revista francesa Le
Point, 3 de mayo de 2002.
[23] El riego aéreo con defoliantes como el glifosato plantea
además un grave problema ecológico, ya que tiene consecuencias
irreversibles para el medio ambiente. En el año 2002, 6 533
agricultores presentaron quejas judiciales contra tales
prácticas y el mediador colombiano Eduardo Cifuentes exigió, y
obtuvo temporalmente, que fueran suspendidas. El uso de
defoliantes parece haber afectado también zonas de Ecuador
próximas a la frontera colombiana.Los responsables de DynCorp
son actualmente objeto de una investigación del Congreso a
causa de este asunto.
[24] «Les faucons ont emporté en Colombie avec état
d'exception» (Los halcones se la llevaron en Colombia con el
estado de excepción), por Jacques Thomet, Agencia de noticias
AFP, 12 de agosto de 2002.
[25] «La croisade "antiterroriste" du président Uribe», (La
cruzada antiterrorista del presidente Uribe) por Pascale
Mariani y Roméo Langlois, diario parisino Le Figaro, 11 de
febrero de 2003.
[26] «La révolte anti-Chavez pétro-guidés par la
Maison-Blanche» (La revuelta contra Chávez petro-guiadas por
la Casa Blanca), por Bernard Duraud, diario francés
L'Humanité, 18 de enero de 2003.
[27] Según un vocero de las FARC, los tres hombres eran
miembros de la CIA y se encargaban, a la vez, de la búsqueda
de un jefe de las FARC y la localización de Ingrid Betancourt
para liberarla. «FARC: les otages américains sont de la CIA et
cherchaient Ingrid Betancourt», por Jacques Thomet, AFP, 21 de
febrero de 2003.
[28] (Venezuela "no excluye" una invasión colombiana con la
ayuda USA) «Le Venezuela "n’exclut pas" une invasion
colombienne avec l’aide des USA», Agencia AFP, 22 de abril de
2003.
[29] (Colombia defiende en la ONU una amnistía para sus
paramilitares) «La Colombie défend à ONU amnistie pour les
paramilitaires», por Marie Delcas, diario francés Le Monde, 2
de octubre de 2003.
[30] En el marco del Irangate, la agencia de inteligencia
estadounidense fue acusada de haber vendido armas a Irán, país
que se encontraba bajo embargo, para financiar la extrema
derecha armada de los Contras en Nicaragua, opuesta a la
guerrilla sandinista.

 

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